Arganda incorporará cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad en los contratos municipales con terceros
Las nuevas clausulas que recogerán los nuevos contratos públicos están referidas a las áreas de fomento y estabilidad en el empleo, la protección del medio ambiente y la igualdad de […]
Las nuevas clausulas que recogerán los nuevos contratos públicos están referidas a las áreas de fomento y estabilidad en el empleo, la protección del medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre hombre, mujeres y clases desfavorecidas.Entre los nuevos criterios para la adjudicación a terceros de contratos municipales, figura el de no adjudicar exclusivamente de acuerdo al precio más bajo presentado por los licitantes, y se introducirán nuevos baremos de puntuación de las ofertas presentadas por estos.
En los nuevos baremos de puntuación se valorará la estabilidad de la plantilla y se otorgará mayor puntuación a las empresas con trabajadores que superen un año de antigüedad. Se valorará también el número de trabajadores asignados por el licitante al cumplimiento de objetivo del contrato, y la contratación de desempleados por un periodo superior a 12 meses dentro de los dos últimos años, así la incorporación de personas en riesgo de exclusión social previo informe de los servicios municipales. También se podrá exigir que las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecución del contrato cuenten, al menos, con un 10% de personas desempleadas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. Así mismo, Las empresas adjudicatarias no podrán recortar las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo durante el periodo de duración de los contratos, salvo acuerdo explícito con los representantes de los trabajadores, y durante la ejecución del contrato no se deberá ampliar la tasa de temporalidad del personal laboral.
En el ámbito medio ambiental se podrán establecer condiciones específicas en los contratos de limpieza de edificios, mantenimiento de zonas verdes, transporte, limpieza viaria y proyectos de obras, instalaciones e infraestructuras. En este sentido, se exigirá una declaración responsable de los licitadores para que los bienes y servicios objeto del contrato respeten las normas medioambientales de España y la Unión Europea. Y, en los pliegos de licitación, se establecerá la obligatoriedad de aportar certificaciones medioambientales de los productos o servicios que se contraten.
En el capítulo de igualdad de oportunidades se valorará y primará, en la incorporación de nuevas contrataciones para el cumplimiento del contrato, las ofertas que incluyan la contratación de personas víctimas de violencia de género, de personas con una discapacidad superior al 33%, y la de ex reclusos/as, y reclusos y reclusas en régimen penitenciario que les permita acceder a una ocupación laboral.
Por último, se favorecerá a las Pymes y a los autónomos para iniciar sus contratos con la administración pública. En esta línea, y siempre que las características del contrato lo permitan, se reducirán las exigencias técnicas, económicas y profesionales en contratos de obras inferiores a 80.000 euros y de servicios y suministros inferiores a 35.000 euros
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